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Registran las sedes de Google en Madrid en busca de indicios de evasión fiscal

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Los registros efectuados en Torre Picaso y el Campus Google vuelven a colocar el foco sobre la compañía, que asegura que cumple con sus obligaciones con el fisco

Oficinas de Google en España
30
JUN 2016

Google ha entrado oficialmente en el punto de mira de las autoridades españolas con la irrupción de varios Inspectores de la Agencia Tributaria en sus oficinas de Madrid. El hecho ha tenido lugar esta mañana en las oficinas que el gigante estadounidense posee en Torre Picasso, el complejo de Azca y el denominado Campus Google, siguiendo la autorización del juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 de Madrid.

La operación se ha realizado en el contexto de las pesquisas iniciadas por la Agencia Tributaria para dilucidar si Google ha podido llevar a cabo posibles delitos de fraude y evasión fiscal, utilizando para ellos la singular relación existente entre las filiales española e irlandesa. Según ha declarado el portavoz de Google España, la compañía colaborará con las autoridades y cumple todas sus obligaciones fiscales, tanto en España como en todos los países donde opera.

El polémico método utilizado comúnmente por Google -y otras compañías tecnológicas- para reducir su carga impositiva es ya sobradamente conocido por la Agencia Tributaria. La compañía posee una filial en un país con una fiscalidad reducida como Irlanda, que ofrece sus servicios a otras filiales a precios muy exagerados. De esta forma, los ingresos españoles se transfieren en forma de pago a Irlanda (donde Google paga unas tasas mínimas) mientras que aquí se declaran unos beneficios exiguos o incluso pérdidas.

La relación de Google con la Unión Europea se encuentra en un momento difícil. No solo desde Bruselas se está investigando si la compañía ha incurrido en prácticas monopolísticas que podrían haber dañado a otras empresas, sino que además varios países están llevando a cabo pesquisas relacionadas con su estructura fiscal.

Recientemente las autoridades francesas realizaron una serie de registros buscando indicios de posibles delitos económicos y a comienzos de año tuvo que aceptar el pago en Reino Unido de 130 millones de libras por impuestos atrasados entre 2005 y 2015.

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