El detonante de la historia es de sobra conocido. A raíz de una visita del monarca español a Girona el pasado 13 de septiembre, se organizan diversas manifestaciones, y en una de ellas, unos individuos queman varias fotografías con el retrato del Rey.

No entraremos a discutir sobre lo ingenioso, absurdo o delictivo del hecho en sí. No por falta de ganas, créanme, sino porque nos saldríamos -y mucho- del tiesto fotográfico en el que debemos movernos.

Opiniones aparte, el caso es que el artículo 491 del Código Penal español tipifica como delito las calumnias e injurias a la familia real.

Así que, tal y como ya ocurrió este pasado verano con el secuestro de un número de la revista satírica El Jueves, la fiscalía del Estado y ciertos jueces dan por buenos esos rumores sobre el tiempo libre que algunos funcionarios parecen tener, e inician un proceso para identificar y encausar a los responsables de la quema de las fotografías.

Dejando de lado el origen de la historia, la parte más interesante llega cuando la policía solicita a diversos medios de comunicación el material gráfico -vídeos y fotografías- registrado durante la manifestación.

Es entonces cuando salta a los titulares el nombre de un fotógrafo, Jordi Ribot, que se niega a entregar las imágenes a la policía autonómica catalana. Según apuntaban algunos diarios -demostrando una vez más que a modernos y puestos al día no nos gana nadie-, se le pidieron los "carretes" de aquel día.

La actitud del reportero puede que sorprenda a muchos, pero con el código deontológico en la mano fue el único que respondió a la petición policial como se supone que debe hacerlo un periodista.

Aunque no tardaron en aparecer los meapilas de siempre dando a entender que, si el fotógrafo no colaboraba, era para proteger a los manifestantes, lo cierto es que el caso parece sacado de un manual de primero de Periodismo.

Más aún cuando, inmediatamente, entra en escena la Audiencia Nacional y cita a Ribot, dando a entender que, si se negaba entregar el material, podría ser acusado de desobediencia.

Han pasado ya unos cuantos años desde la facultad, y lo cierto es que no recuerdo con exactitud qué decían aquellos apuntes de las clases de ética y deontología. Sin embargo, un breve paseo por los ilimitados recursos de la red permite refrescar la memoria.

Un periodista puede negarse a desvelar a la policía o a un juez cierta información o sus fuentes, amparándose en el llamado secreto profesional. El problema es que la falta de regulación legal sobre la materia permite a un juez, con la ley en la mano, encausar a un profesional que se niegue a proporcionar los datos solicitados.

El artículo 15 del Estatuto del Periodista Profesional también contempla una única excepción en la que sí se está obligado a colaborar con la justicia: "Cuando (…) se pueda evitar la comisión cierta de un delito contra la vida, la integridad, la salud, la libertad o la libertad sexual de las personas."

Apliquemos ahora la teoría a este caso. ¿Puede el fotógrafo acogerse al secreto profesional? Evidentemente, sí. ¿Hay detrás algún delito de máxima gravedad o hay peligro para la vida de una persona? Esto es ya más subjetivo, pero no creo que en un país democrático andar quemando estampitas pueda ser tildado de delito de máxima gravedad.

Por tanto, pocas dudas cabe tener sobre el derecho del periodista a acogerse al secreto profesional y negarse a proporcionar a la autoridad el material solicitado. El caso es tan claro que hasta el Col·legi de Periodistes de Catalunya -siempre tan moderado y propenso a envainársela cuando se secuestra una revista o incluso se cierra un periódico- ha apoyado al fotógrafo en un comunicado público.

No se trata de defender a los del mechero. Negarse en este caso -o cualquier otro- a entregar unas fotografías no tiene nada que ver con estar o no de acuerdo con lo que allí había ocurrido. Es, por el contrario, una actitud profesional impecable que se supone deberían asumir los que se dedican al mundo de la prensa.

En todo caso, si algo debería quedar en tela de juicio, es la integridad profesional de quienes, raudos y veloces, corrieron a entregar todas las imágenes sin cuestionarse nada más.

Por eso, cuando el mismo viernes leí que el fotógrafo se había comprometido en la Audiencia Nacional a entregar todo el material, he de confesar que sentí cierta decepción. No obstante, pasado el primer momento, es cierto que quedan muchas otras preguntas pendientes.

¿Debe el fotógrafo aguantar el tipo y asumir las consecuencias o no merece la pena el riesgo, teniendo en cuenta que la gente que estaba delante de su cámara se manifestaba, precisamente, para hacerse ver? ¿Está incluido en los cuatro duros que ganan la mayoría de fotógrafos de prensa tener que soportar este tipo de presiones?

Son éstos juicios morales que, por mucha teoría, ética e integridad que pretendamos abanderar, a mí me quedan un poco grandes. Así que, quien tenga claro lo que haría en una situación como ésta, que tire la primera foto.

La columna de opinión "Contando píxeles" se publica, normalmente, el primer y tercer lunes de cada mes.

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