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Las autoridades españolas recuerdan que no está permitido el uso de drones con fines comerciales

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Aunque hay restricciones respecto a la realización de reportajes gráficos con estos aparatos, sí se permite su uso en recintos cerrados y para fines particulares

Parrot AR.Drone 2.0
Parrot AR.Drone 2.0
Foto: Álvaro Méndez (Quesabesde)
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ABR 2014

“No está permitido, y nunca lo ha estado, el uso de aeronaves pilotadas por control remoto con fines comerciales o profesionales para realizar actividades consideradas trabajos aéreos.” Así se ha pronunciado la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en un comunicado sobre el uso en España de los cada vez más populares drones y en los que se habla específicamente de los “trabajos gráficos” en referencia a los reportajes fotográficos aéreos.

Un informe que, como recuerda la agencia, se limita a recordar la legislación ya vigente, y que a falta de leyes específicas contempla este tipo de dispositivos no tripulados como aeronaves y les aplica por tanto la misma normativa.

Así, la clave está en el uso que se vaya a hacer del drone o de las imágenes realizadas con él (en el caso concreto de la fotografía). De este modo, aunque el uso profesional y comercial sin autorización es ilegal y sancionable, los particulares pueden acogerse a la normativa vigente para aeromodelismo y usar estos dispositivos por debajo de los 100 pies en las áreas habilitadas para ello.

También quedan fuera de la legislación de la AESA los recintos cerrados, donde será el propietario del espacio el responsable de autorizar o no el vuelo de estos drones. Los campos de fútbol, especifica la agencia, no se consideran espacios cerrados.

Además de definir qué es un drone (“una aeronave pilotada por control remoto que se usa con fines comerciales y profesionales”) y distinguirlos de los aeromodelos (“para uso deportivo y de recreo”), la agencia también recuerda que no es cierta la creencia de que por debajo de los 400 pies de altitud –la llamada “capa de libre circulación”- estos mismos criterios no son aplicables.

Tampoco se concretan las sanciones o su cuantía, si bien se advierte que serán proporcionales a los riesgos en los que se incurra.

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