Artículo 25: compensación por copia privada

El 3 de julio de 2006 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la nueva reforma de Ley de la Propiedad Intelectual tras contar con el beneplácito de todo el arco parlamentario español, excepción hecha del PNV y ERC.

La polémica surge en el artículo 25 de esta Ley, llamado "Compensación equitativa por copia privada".

Por primera vez en la legislación española, se reconoce el derecho de "copia privada" de una obra cultural adquirida legalmente para disfrute personal, pero se estipula el "derecho irrenunciable" de "los autores y los artistas, intérpretes o ejecutantes" a recibir una compensación por las mismas.

El mecanismo para ello consiste en cobrar una compensación económica por cada soporte, grabador y reproductor digital fabricado en España o destinado al mercado español. Es el llamado canon digital. Quedan excluidos, eso sí, los discos duros de los ordenadores y las redes telefónicas de alta velocidad.

La plataforma Todoscontraelcanon presentaba este lunes ante el Ministerio de Industria más de un millón de firmas contra la aplicación del gravamen

Fabricantes, distribuidores y los sucesivos adquirientes (particularmente los últimos, es decir, los consumidores finales) se harán cargo de pagar este gravamen.

La cantidad recaudada es destinada a sociedades de gestión de derechos (entre las que destaca la SGAE, liderada por Teddy Bautista) que, según sus propios criterios, "compensan" a los damnificados por las potenciales pérdidas.

Desde 2003, se aplica el llamado canon analógico a los CD y DVD, que en algunos casos asciende al 60 por ciento del precio final del producto. El canon digital amplía el "impuesto" a otros dispositivos como tarjetas de memoria, reproductores MP3 o cámaras digitales, entre otros.

Contradicciones y controversia

Son muchos los puntos controvertidos de esta ley, que presupone de facto que todos los soportes digitales van a ser utilizados para realizar copias de obras sujetas a los DRM (tecnologías para preservar los derechos de propiedad intelectual).

Se trata de la instauración de una política preventiva que criminaliza a todo comprador de soportes digitales, aunque éste sólo pretenda copiar o reproducir material libre (como fotografías o vídeos particulares, música de creación propia o archivos de texto, entre multitud de opciones).

Teddy Bautista, presidente de la SGAE y uno de los principales defensores del canon digital.

Pero lo más llamativo de la Ley es la contradicción manifiesta que recoge en su texto. A la vez que reconoce la figura de la copia propia de software, también ampara y obliga al uso de los sistemas anticopia.

Es más, en el texto se prevén y sancionan expresamente los actos de elusión de medidas empleadas para la protección de las obras.

Todo esto nos puede llevar a situaciones paradójicas, ya que es posible comprar una película pagando los correspondientes derechos de autor, adquirir un soporte digital para hacer una copia privada (con canon digital incluido) y no poder grabarla porque está protegida con un sistema anticopia (o grabarla saltándose el sistema y cometiendo un delito).

En manos del Gobierno

La ley estipula que deudores (la industria fabricante de los dispositivos digitales) y acreedores (las sociedades de gestión de derechos) han de ponerse de acuerdo tanto en la cuantía económica del canon digital en cada caso, como en el número de productos que se verán afectados. Decisión que deberá revisarse bienalmente.

Las enconadas posiciones de ambos actores han hecho inviable el pacto, por lo que la responsabilidad de la decisión recae en el Gobierno de España. Concretamente, en el Ministerio de Cultura, que rige Carmen Clavo, y en el de Industria, en manos de Joan Clos.

La patata caliente está ahora en manos del Ministerio de Industria de Joan Clos y del de Cultura, que encabeza Carmen Calvo.

Sin embargo, todo parece indicar que la resolución al conflicto no llegará el próximo 27 de marzo, fecha inicialmente prevista por el Gobierno, según confirmó el pasado martes la ministra Carmen Calvo en unas declaraciones recogidas por la agencia EFE.

Más de un millón de firmas

La plataforma Todoscontraelcanon, que aglutina a la mayor parte de los colectivos contrarios a la aplicación del canon digital, ha presentado un manifiesto y más de un millón de firmas ante el Ministerio de Industria para solicitar su abolición o, en su defecto, una serie de "propuestas racionales" para minimizar su impacto.

Por su parte, algunas de las sociedades de gestión de derechos, como la ACAM, han constituido otra plataforma especular, pero de sentido contrario, llamada Todosafavordelcanon.

Los miembros de la organización defienden la legitimidad de la nueva Ley de Propiedad Intelectual porque consideran que es su "derecho" y les permite "ser libres para crear y producir. Como siempre".

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