La propuesta, que nace al amparo del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual de junio de 2006, pretende "compensar los derechos que los creadores dejarán de percibir por copias privadas".

Su formulación estaba en manos del Gobierno por la falta de acuerdo entre los fabricantes de los dispositivos digitales y las sociedades de gestión de los derechos de autor.

Móviles y reproductores portátiles

Aunque aún está en proceso de tramitación, ya que la propuesta ha de pasar primero por las entidades de gestión y las asociaciones de fabricantes de equipos y soportes -y posteriormente por el consejo de usuarios y consumidores-, el texto fija un impuesto único por tipo de producto y no por su capacidad de almacenamiento.

Así, los teléfonos móviles, los reproductores de audio portátiles, las unidades autónomas de almacenamiento y las memorias USB pasan a formar parte de los dispositivos afectados por el controvertido canon, con 1.5, 3.15, 12 y 0.30 euros por unidad vendida, respectivamente.

Queda reducido, eso sí, el impuesto de algunos soportes y dispositivos que actualmente están sujetos al recargo. Es el caso de los discos CD-R y DVD-R, que bajan la cuantía de su gravamen hasta los 0,17 y 0,44 euros, respectivamente (algo más del 20%).

También se recorta el canon a las impresoras (un 47% a las de tinta y un 33,3% a las de láser), que hasta ahora reclamaban un pago de 15 euros por unidad. La grabadoras de CD y DVD también verán reducido su impuesto en un 48,5%, esto es, hasta los 3,40 euros.

Si el texto presentado por el Gobierno llega a buen puerto, los escáneres, los discos CD-RW y DVD-RW y las grabadoras de CD conservarán intacta su recaudación actual.

Futuro incierto

El texto consensuado por los ministerios de Industria y Cultura ha visto la luz en un contexto de máxima incertidumbre en torno a la futura aplicación del canon digital.

Cabe recordar que la semana pasada el Senado, con el apoyo de todos los grupos salvo el PSOE, introdujo una enmienda en la tramitación de la Ley de Impulso a la Sociedad de la Información en la que se instaba al Gobierno a abolir el canon digital en el plazo de un año.

El próximo jueves la propuesta pasará al Congreso de los Diputados. Todo parece indicar que, tras protagonizar un rocambolesco juego de declaraciones y desmentidos, el PP repetirá en la cámara baja el mismo voto que en el Senado, asestando un importante golpe a la implantación del canon digital.

El Gobierno, por su parte, ha recordado que el gravamen debe aplicarse para "respetar la normativa europea" y ha defendido que su actual redacción "contempla, de manera equilibrada, los intereses de los creadores, los consumidores y de la industria".

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